Reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del gobierno de Veracruz a las familias de Tierra Blanca.
Museo de Memoria y Tolerancia, 4 de marzo de 2019
Agradezco a las familias de Susana Tapia, Bernardo Benítez, Mario Arturo Orozco, José Benítez y José Alfredo González y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Sabemos que el que nos convoca es un acto de inmenso dolor. Pero sabemos también que hoy estamos aquí por la entereza que han dedicado ustedes para buscar verdad, justicia y reparación, y eso debe impulsarnos a nosotros como autoridades para cumplir con lo que nos corresponde. Este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública reviste una especial relevancia. Es muestra del reconocimiento de la gravedad de los hechos, y de nuestra prioridad para atender las violaciones graves a los derechos humanos, de poner a las víctimas en el centro de nuestro actuar. Este evento es ejemplo de ello, de reconocer a ustedes, de recordar a sus hijos y su hija, jóvenes inocentes que se enfrentaron a una policía estatal coludida con el crimen organizado que los desapareció.
El gobierno de Veracruz hoy les ofrece una disculpa pública, reconociendo las graves violaciones a derechos humanos que autoridades en su estado cometieron el 11 de enero de 2016. Sin duda las disculpas públicas no son suficientes, pero son un paso relevante, reconocer la responsabilidad de las autoridades del estado de Veracruz frente a los perpetradores de esos delitos.
Es una oportunidad para empezar a construir un Estado y un país más justo, donde no se cometan más hechos de esta naturaleza. Estoy seguro que en eso coincidimos todos los aquí presentes. Tenemos que transformar el país para frenar las violaciones a derechos humanos que tanto dolor han generado a miles de familias. Ese es nuestro compromiso y convicción.
En representación del Gobierno de México, y siendo la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas un órgano desconcentrado de la SEGOB, quien dictó entre otras medidas de reparación integral en este acto de disculpa pública. Asumo este acto como un llamado profundo que nos hacen las familias y que nos apela a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que la atención al agravio que han sido objetos, nos acerque a la verdad, a la justicia y a la garantía a la no repetición.
Un acto como este cobra sentido mientas se acompañe también de la búsqueda de la justicia. En el gobierno federal, estamos convencidos que, frente a las graves violaciones a derechos humanos, nuestro principal objetivo es eliminar la impunidad, pues eso permitirá garantizar no sólo la justicia sino también la no repetición.
Por eso nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. Aprovecho este momento para de manera respetuosa coincidir con el Fiscal General de la República: la justicia es la prioridad de las familias y nuestra responsabilidad.
En este lamentable caso, como en miles que lastiman al país, sabemos bien que la delincuencia organizada aún opera en colusión con autoridades de todos los niveles. El día de hoy enviamos un mensaje claro un mensaje claro de que esto no seguirá sucediendo en este nuevo gobierno
