PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros integrantes del I Congreso de la Ciudad de México;
Compañeras y compañeros diputados y diputadas integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México;
Señoras y señores Alcaldes;
Amigos todos:
El día de hoy, 17 de septiembre de 2018, se emite y entra en vigor la Primera Constitución de la Ciudad de México. Tuvieron qué pasar casi dos siglos después del primer Congreso del México independiente en 1824 para que a la Ciudad de México se le reconociera su autonomía de gobierno y se reconociera a su pueblo el derecho a ejercer el gobierno soberanamente.
Fueron muchos años de discusión, debates entre centralismo y federalismo, debates entre liberales y conservadores. La Ciudad de México siempre estuvo en medio del encono y la disputa política a lo largo de estos 194 años, incluso desde el Primer Congreso del México independiente en 1824 aún y cuando ganaron las fuerzas federalistas, el propio Fray Servando Teresa de Mier decía en aquel entonces proponíamos un gobierno federal en el nombre y centralizado en la realidad.
Hubo que enfrentar muchas situaciones y adversidades hasta la Constitución de 1857, junto con las Leyes de Reforma que salieron al paso a la nefasta época de Antonio López de Santa Anna y sus leyes que dieron lugar al supremo poder conservador, y ya en el Constituyente del 57 Francisco Zarco insistía en la importancia de dotar de autonomía e igualdad el resto de entidades federativas a la Ciudad de México, y decía Francisco Zarco, lo cito: El Distrito quiere existir como existen los Estados y se le condena a un injusto pupilaje. Por fin un pueblo de 300 mil habitantes es sacrificado, humillado, ultrajado en odio a dos o tres diputados que en él encuentran hospitalidad, que tienen el enorme delito de vivir en la cuidad más ilustrada de la República y de haber defendido en ella los intereses y las libertades de los Estados.
Este debate siguió a lo largo de nuestra historia, cuando se desaparecieron los poderes legítimamente constituidos, los Ayuntamientos durante la época del Porfiriato y en la propia Constitución de 1917 hubo quien sostuvo que desaparecieran los Ayuntamientos que aún existían en la Ciudad de México.
Por eso es memorable en aquel Congreso las palabras del diputado Heriberto Jara, quien decía: No sé por qué va a haber incompatibilidad entre los Poderes Federales y el Municipio, no hay por qué temer que exista un conflicto, existiría cuando hubiera alguna intransigencia de parte de los señores Munícipes, -ahora Alcaldes- y cuando vieron la marcada tendencia de parte del Ejecutivo para invadir las funciones de la municipalidad.
Afortunadamente la Constitución del 17 mantuvo la existencia de los Ayuntamientos en nuestra ciudad hasta 1928, cuando una iniciativa del ex Presidente Álvaro Obregón planteó la disolución de los Municipios en el Distrito Federal.
La iniciativa promovida por Obregón señalaba: Los hechos han demostrado que la organización municipal en el Distrito Federal no ha alcanzado nunca los fines que esa forma gubernativa debe llenar, debido a los conflictos de carácter político y administrativo que constantemente han surgido por la coexistencia de autoridades, cuyas facultades se excluyen a veces y a veces se confunden. No hubo en realidad –sostenía Obregón- poder municipal, pues aunque teóricamente existieron ayuntamientos sus funciones de tal manera restringidas, mejor dicho absorbidas por los poderes federales, que en tanto equivalía, como lo ha existido en absoluto, a los municipios.
Hubo qué superarse muchos obstáculos. En 1928 fue aprobada esta iniciativa de Obregón, se disuelven los ayuntamientos y se constituye la ciudad del Presidente, el reflejo más nítido del centralismo desmedido en el abuso del poder en nuestro país.
Hubo qué remontar esta adversidad en muchas ocasiones. Fue hasta 1986 cuando la primera iniciativa del gobierno de Miguel de la Madrid establece la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que tenía sólo facultades para emitir bandos y reglamentos.
Recuerdo uno de los debates en aquel entonces, cuya discusión era cuántos pitidos debía dar un policía cuando se tratara de una falta administrativa o de un delito que violara el Código Penal, un pitido por el policía si era una falta administrativa, dos pitidos si se había cometido un delito. Eso discutía la Asamblea de Representantes de nuestra ciudad.
Sin embargo, la capacidad de organización, la resistencia cívica y la movilización de los ciudadanos en la capital de la República fue abriendo de manera consistente y sistemática las puertas a la renovación de nuestras formas de gobierno y al ejercicio pleno de los derechos de los habitantes de la capital.
Por eso el día de hoy debemos asumir que con la entrada en vigor de nuestra primera Constitución iniciamos una nueva etapa, una nueva era política en nuestra ciudad, que debe traducirse no sólo en un cambio de régimen político sino en la construcción de un espacio que garantice la dignidad y los derechos de todos los habitantes que nacieron, residen o transitan por el territorio de nuestra ciudad.
Debemos de entender a la Constitución de la Ciudad de México como el resultado de un largo proceso de lucha democrática en la ciudad y de muchas generaciones de capitalinos. Aquí nadie tiene las escrituras de nuestra Constitución, es la lucha de la sociedad, de sus personajes, de sus dirigentes, de los hombres y mujeres que le han dado cuerpo a este pacto social que a partir del día de hoy nos ha de regir.
Fueron muchas las movilizaciones sindicales de los años 50, los ferrocarrileros, los médicos, los maestros, pero por supuesto hay movimientos que marcaron nuestra historia y este tránsito a la democracia en nuestro país, sin lugar a dudas uno de ellos fue el Movimiento Estudiantil de 1968.
La verdad es que me da mucho gusto no solamente recordar cuando se inscribió en letras de oro estas palabras A los mártires del Movimiento Estudiantil de 1968, en 1998, durante el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la Mesa Directiva la presidía en aquel entonces Martí Batres, donde en este Recinto, donde se aplaudió de pie el 1° de septiembre de 1969 a Gustavo Díaz Ordaz al haber asumido la responsabilidad de la brutal represión de los estudiantes de 1968, me da mucho gusto que sea en este Recinto donde se haga la declaratoria de la vigencia de la primera Constitución de la Ciudad de México.
Permítanme un paréntesis personal, pero también me da mucho gusto haber entregado al Presidente del Primer Congreso, a Jesús Martín del Campo, uno de los líderes del 68, darle esta Constitución, por lo que él representó o que representó para su familia, la represión de 1971, también.
No solamente fueron las reformas políticas como la de los años 70, la lucha de los partidos políticos que indudablemente se dio de manera muy intensa en nuestra Ciudad, sino fue también la muy importante insurgencia cívica que de manera sistemática tras los sismos de 85 dieron cuenta del agotamiento de una forma de gobierno y la importancia y urgencia de que la Ciudad contara con la facultad de elegir a sus propios gobernantes.
Este proceso siguió a lo largo de muchos años con tensiones, iniciativas de consenso de todos los grupos parlamentarios representados en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primero en el año 2003, posteriormente en el año 2008 donde a pesar de que se lograron los consensos entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, todos los partidos políticos de la Ciudad, todos los Poderes de la Ciudad llegamos a un consenso para promover una iniciativa de reforma para dotar de autonomía a la Ciudad, no habían prosperado porque aun y cuando en el 2003 la Cámara de Diputados aprobó por cerca de 400 votos el dictamen para dotar de autonomía a la Ciudad, el Senado de la República congeló esa reforma.
Por eso no es menospreciable este letrero que refiere la Reforma Política de la Ciudad en el 2016, que espero pronto lo modifiquemos para diga Constitución Política de la Ciudad de México 2017, y que permitió una reforma que nos llevó cerca de 2 años y muchas dificultades para construir el acuerdo, que dio lugar a la conformación de una Asamblea Constituyente, que tenía muchas limitaciones para poder cumplir su encomienda y que mucha gente apostó al fracaso.
Sí, arrastramos un déficit democrático desde la integración de la propia Asamblea cuando 60 de sus integrantes fueron electos por votación directa de los ciudadanos y 40 fuimos designados.
Sí, también hay qué asumir que hubo limitación para el registro de candidatos independientes que se les requería cumplir con los requisitos para ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad.
Sí, hay qué asumir que hubo muchas limitaciones para restablecer la necesidad de una mayoría calificada del total de sus integrantes para elegir a los órganos de gobierno de la Constituyente y mayoría calificada de los presentes para aprobar cada uno de sus artículos o sus fracciones, y por supuesto un plazo límite fatal de 4 meses y medio, entre el 15 de septiembre de 2016 y 31 de enero de 2017, porque si el 31 de enero no había acuerdo, no habría Constitución.
Quizá la parte más importante de la reforma constitucional fue el haber establecido de que entre la emisión y publicación de la Constitución no habría ninguna autoridad intermedia, con lo cual se eliminaba la posibilidad de veto de la propia Constitución. Aunque luego el propio Ejecutivo Federal controvirtió la Constitución aprobada en la Asamblea por su propia representación.
Hay mucho qué reivindicar de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México: fue el primer órgano legislativo paritario, 51 hombres y 49 mujeres; estableció el parlamento abierto, concebido éste no solo como la rendición de cuentas con transparencia y máxima publicidad, sino como el involucramiento directo de la comunidad en el inicio y en la evaluación de la propia Constitución.
Sí sentamos el precedente más importante por haber desarrollado la consulta previa e informar a los pueblos y barrios originarios de nuestra Ciudad, donde en un tiempo récord –aquí está el Presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios-, en un tiempo récord se llevaron a cabo 940 asambleas, las cuales fueron aprobadas en su inmensa mayoría aprobando el dictamen y el capítulo correspondiente a la Constitución.
También y creo que vale la pena destacar, de los aspectos que ayudaron a construir este consenso fue sin lugar a dudas el establecimiento de nuevas prácticas parlamentarias, el desarrollo de un debate serio y real, el haber trasladado la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa a la Mesa Directiva y a las Comisiones de Dictamen, no hubo Junta de Coordinación Política, lo cual liberó el debate, rompió la disciplina partidaria tradicional y permitió entendimientos transversales para garantizar que pudiéramos aprobar con mayoría calificada nuestro Texto Constitucional.
Son aspectos que hoy más que nunca deberíamos de retomar en el inicio de un Congreso que debe de estar a la altura de las expectativas de esta Constitución, porque fue un trabajo muy intenso. Permítanme nada más dar unos datos de la estadística.
Durante 42 días realizamos 21 sesiones plenarias, que se extendió la más larga entre el 14 y el 27 de enero, una sesión legislativa más larga en la historia del país; se presentaron 544 iniciativas de los legisladores que se sumaron al proyecto de Constitución que presentó el Jefe de Gobierno tras la elaboración de un proyecto por un grupo redactor plural.
Hablando de Parlamento Abierto fueron mucho más las iniciativas presentadas por los ciudadanos, que llegaron a presentar textos completos de constitución y presentaron 978 iniciativas, casi el doble que la de los Diputados Constituyentes, todas las cuales fueron publicadas, emitidas para su dictamen y consideradas en el dictamen y la integración de nuestra Constitución.
Tenemos qué reivindicar nuestro Texto Constitucional que ha sido reconocido a nivel internacional como un documento de avanzada, un texto que rompe con la visión tradicional del constitucionalismo en el país y que rompe con el ciclo de las reformas neoliberales que hemos vivido en las últimas tres décadas; pone en el centro de la atención nuestra Constitución como principio fundamental la dignidad humana y los derechos de las personas; prioriza el interés público sobre el privado y establece con nitidez el derecho a la Ciudad que tenemos todos quienes la habitamos y en ella realizamos alguna actividad.
Nuestra Constitución pasa de una visón de un Estado de Derecho donde prevalece el principio de autoridad a un estado de derechos donde el estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, donde cada persona debe gozar o goza del derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad sin injerencia alguna del estado ni de ningún otro Poder y establece nuevas modalidades en el ejercicio gubernamental, reforzando los mecanismos de la democracia representativa y fortaleciendo los mecanismos de la democracia directa, iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato y elimina el fuero. Hoy ya no tenemos fuero ninguno de los integrantes de esta Legislatura.
Con todo ello se pretende acabar con el estado tutelar y paternalista que ha conducido al clientelismo y a la corrupción de la política; se replantean nuevas formas de distribución del poder público fomentando la visión democrática integral con contrapesos; termina con el último vestigio del Departamento del Distrito Federal que eran las jefaturas delegacionales; el poder unipersonal a veces caciquil queda atrás para establecer órganos colegiados de gobierno que permitan el contrapeso, la fiscalización en el ejercicio del gasto, el cumplimiento del programa de gobierno y el desempeño de los funcionarios en cada una de las alcaldías; impone una visión federalista porque replantea los términos de la relación entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad en tanto sede de los Poderes Federales y plantea una nueva visión de desarrollo metropolitano que impactará en las 59 zonas metropolitanas de todo el país, estableciendo reglas claras en lo que es el desarrollo de las políticas de desarrollo urbano, ambiental, económico y social donde el territorio debe ser el eje articulador de todas las políticas de planeación, y hace reformas sin precedente al Poder Judicial, hasta el entonces poder intocado. Todavía lo está debatiendo la Corte en estos momentos si dura un solo año o no el Presidente del Tribunal. Esperemos que respeten como han venido siendo hasta ahora esta resolución.
Introduce conceptos nuevos que sin lugar a dudas van a ayudar mucho al desarrollo de nuevos derechos, como el derecho al cuidado, como el derecho a un mínimo vital y principios como la no privatización del agua en la Ciudad de México, que debe ser un referente fundamental.
Está por concluir el análisis de las acciones de inconstitucional y de las controversias constitucionales que se presentaron particularmente por el Ejecutivo Federal, su consejero jurídico, el Procurador General de la República y otros Poderes, incluido el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, que va perdiendo casi todas. Eso genera mucho gusto y tengo qué hacer un reconocimiento a los ministros y las ministras de la Corte, porque sus resoluciones han adoptado y avalado en lo fundamental el espíritu y la letra que emanó de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Se impugnaron 66 de los 71 artículos, quería abrogarse esta Constitución y hasta hoy la Suprema Corte sólo ha declarado 13 invalidaciones de porciones normativas, pero la Corte reconoce la plena validez de los preceptos impugnados, todos están ratificados, en donde la ciudad puede y la reconoce, ampliar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, reconoce que no invadimos facultades del Ejecutivo Federal, que no se violaron facultades exclusivas de la Federación en materia de migración, de celebración de tratados internacionales en materia laboral, educativa, de patrimonio histórico y artístico; reconoce el ejercicio pleno de la libertad configurativa en sus órganos de gobierno y reconoce nuevos derechos como ésta de la identidad a la libertad religiosa, al culto, a la asociación, a la protección de todas las manifestaciones de convivencia familiar, a la protección del secreto profesional e incluso a la muerte digna.
Hay algunos temas que siguen causando polémica y por supuesto las modificaciones que nos ha realizado la Corte no modifican en lo sustancial la resolución, temas respecto si la Jefa de Gobierno podría establecer los tabuladores salariales, la Corte reconoció que es una competencia de este Congreso, lo cual es correcto, asuntos de que no hay competencia de la ciudad para normar la protección del patrimonio arqueológico, paleontológico, creo que tienen razón, ya lo habíamos discutido en su oportunidad y creo que debemos estar todos muy satisfechos y orgullosos de nuestra Constitución.
Sin embargo, todavía falta por concluir este proceso. Creo que una de las metas, me atrevo de plantearlo aquí en esta Tribuna en esta ocasión, es cerrar el ciclo de las reformas de carácter federal que se requieren para que tenga plena vigencia la reforma constitucional. Uno de ellos es la necesidad de la nueva Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y la ley que establece el Estatuto de Capitalidad de la Ciudad.
Esas son las prioridades que habría qué adoptar en lo que se refiere a nuestra relación con el Congreso de la Unión y al mismo tiempo una vez que en engrose la Corte sus resoluciones, urge publicar la versión final de nuestra Constitución.
Yo creo que tenemos mucho trabajo en este Congreso, más de 150 nuevas leyes o reformas a las leyes existentes para dar el entramado constitucional, institucional a nuestra Constitución, es seguro que aquí no solamente existe el talento, sino también la voluntad política para lograrlo.
Enhorabuena y que viva la Primera Constitución de la Ciudad de México.
