Bienestar social, un derecho
Alejandro Encinas Rodríguez
Un cuestionamiento recurrente del sector conservador de nuestra sociedad a la política social del actual gobierno es que la Cuarta Transformación se ha dedicado a “regalar dinero que no le pertenece”, haciendo referencia al uso de los impuestos de los ciudadanos “de bien” para distribuirse como “dádivas a personas que no aportan al erario”.
Estas aseveraciones, discriminatorias y clasistas, pretenden dividir a las personas entre ciudadanos de primera y de segunda, estigmatizando a los beneficiarios que acceden a los programas sociales que buscan abatir las brechas de desigualdad estructural. Las “críticas” están dirigidas a grupos socialmente discriminados y excluidos y buscan invisibilizar la violencia económica, social, cultural y política, a niños, niñas y jóvenes que reciben becas; madres solteras; personas con una discapacidad, adultas mayores, trabajadoras del campo e indígenas, que, para estos grupos, son personas pobres que están acostumbradas a “vivir del gobierno”.
La política de austeridad ha liberado recursos a favor de una política integral que atiende una deuda histórica con quienes menos oportunidades han tenido. Más de 25 millones de personas son beneficiarias de estos programas con una inversión social de más de 598 mil millones de pesos. Programas, que se asumen como un derecho universal, como es el caso del programa de adultos mayores que llega a todos los estratos sociales y alcanzan a 11.2 millones de personas, garantizándoles una pensión. Programas que generan igualdad de oportunidades, como las becas a estudiantes de todos los niveles educativos para que no abandonen sus estudios, con una inversión de 83 mil 638 millones de pesos. Programas que atienden a grupos históricamente excluidos como personas con discapacidad con un millón 284 mil beneficiarios y una inversión de 26 mil 578 millones de pesos. También se busca apoyar a madres solteras, con una inversión social de 2 mil 926 millones.
Otros, son programas que construyen comunidad, capacidades productivas y recuperan los recursos naturales, como el Programa Sembrando Vida, que recibirá este año 37 mil 137 millones de pesos. O el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que capacita a jóvenes de entre 18 y 29 años en centros de trabajo durante 12 meses, gozando de una beca de seis mil 310 pesos mensuales y acceso al Seguro Social, teniendo como resultado que uno de cada dos jóvenes es contratado al concluir el programa.
Estos programas han sido acompañados de otros cambios estructurales, como la recuperación del salario mínimo, que ha registrado un incremento real del 90 por ciento en su poder adquisitivo, así como la extensión y mejoramiento de servicios públicos básicos como salud y educación.
Se trata de una política que parte del reconocimiento de derechos y el respeto a la dignidad de las personas, donde el Estado asume su responsabilidad para garantizar el desarrollo equitativo de la sociedad. Rompe con la absurda noción neoliberal de que el mercado por sí solo genera oportunidades para el desarrollo, cuando la lógica del mercado es la de la acumulación, no la búsqueda de la equidad social.
Durante décadas, los críticos de estos programas compartieron una política que profundizó la desigualdad en el país. No entendieron que el bienestar es un derecho, no una dádiva, y que es obligación del Estado combatir la desigualdad, creada por una lógica de mercado que favoreció a unos cuantos a costa de la mayoría (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración).
