Hoy realizamos un ejercicio democrático de la mayor importancia para alcanzar la cuarta transformación del país.
Retomar la planeación del desarrollo del país con una visión de futuro, poniendo énfasis en al rescate de la nación y del bienestar y de la calidad de vida, de las y los mexicanos.
Se trata de dejar atrás casi cuatro décadas de abandono y ausencia de las responsabilidades del Estado, por parte de quienes apostaron dejar a las leyes del mercado la soberanía de nuestro país y el bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos y las mexicanas
Discutimos entonces, el futuro del país y el proyecto de Nación al que aspiramos.
Señor Presidente:
Usted ha sostenido, que para este gobierno ha sido fundamental el reconocimiento de la crisis humanitaria y de violación sistemática de los derechos humanos que vive nuestro país, convencido de que reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo.
Recibimos un país marcado por una profunda herida y por una grave descomposición del tejido social. Un país hundido en una crisis de violencia que, además de cobrar más de 120 mil vidas, ha dejado a decenas de familias desplazadas, 40 mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses y millones de víctimas indirectas.
La exposición continua a fenómenos violentos afecta a todas las mexicanas y a los mexicanos por igual, en particular el desarrollo físico, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes en México.
Más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza y millones de mexicanos no tienen atendidas sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación y acceso a una alimentación digna.
Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos han sido sistemáticamente dejadas en la sombra. Sin embargo, este gobierno ha decidido revertir esta situación y colocar a las víctimas en el centro de su atención y de sus acciones.
Revertir la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva, con las víctimas y los grupos más vulnerables y excluidos en el centro de la atención gubernamental, es nuestra prioridad de este gobierno y a eso nos evocaremos.
Desde el día en que fue electo, usted ha sostenido que el gobierno dará prioridad a la atención de las personas más pobres, quienes han sido históricamente discriminadas y excluidas, por lo que, por el bien de todas y todos ellos se ha decidido que, además de las políticas de bienestar que ya están en marcha, uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 será el de igualdad de género, inclusión y no discriminación.
Transversalizar el Plan Nacional de Desarrollo, significa llevar la igualdad y la no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, así como el enfoque territorial y el desarrollo sostenible al diseño y a la implementación de todas las políticas del Gobierno federal.
La desigualdad, la exclusión y la pobreza se expresan también como formas de violencia; y debemos enfrentarlas. Uno de cada dos niños, niñas o adolescentes se encuentra en situación de pobreza y dos de cada diez están en pobreza extrema, afectando en mayor medida a las niñas y a las mujeres
El gobierno está poniendo énfasis en la atención a las necesidades básicas de las personas, garantizando, al menos, el mínimo esencial en el ejercicio del derecho a la alimentación, vivienda, educación y salud, como lo plantean las 25 programas de bienestar o el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Es urgente cerrar las enormes brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente discriminados y excluidos del país.
Cuando hablamos de brechas nos referimos, por ejemplo, a que las mujeres hablantes de idiomas indígenas que viven en zonas rurales, tienen una tasa de analfabetismo diez veces mayor que la del resto de la población, o que ocho de cada diez hablantes de lengua indígena viven en situación de pobreza. Esto se traduce en doble del promedio nacional.
Nos referimos a prácticas qué en las calles, escuelas, clínicas, medios de comunicación y de transporte, entre muchos otros espacios, se imponen obstáculos de todo tipo a las personas con discapacidad, porque sus diseños no son accesibles.
Cuando hablamos de brechas de desigualdad, hablamos de que las mujeres indígenas y afromexicanas que viven en zonas rurales, cuentan con servicios de salud escasos, lejanos, de peor calidad, y sin adaptaciones culturales mínimas.
Una de las más preocupantes expresiones de la violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y feminicida de la que son víctimas.
El 66% de las mujeres mayores de 15 años dicen haber enfrentado al menos un episodio de violencia emocional, física, económica, sexual o de discriminación a lo largo de su vida.
Por ello, habremos de poner especial atención a la violencia particular que sufren las mujeres en zonas de conflicto. La violencia sexual y la basada en género se expresan, por ejemplo, en la tortura sexual, que sigue siendo una práctica recurrente en el país y ha de ser erradicada.
Estas formas de violencias las viven de forma más severa las mujeres indígenas, las mujeres privadas de su libertad, las migrantes, las madres solteras, las mujeres con discapacidad, las lesbianas y transexuales, las periodistas y las defensoras de los derechos humanos.
Las políticas de seguridad y los procesos de verdad y justicia, pero también las políticas del Programa de Bienestar, atenderán la forma específica de violencia que viven las mujeres, pero también deben fungir de forma diferenciada dando prioridad a las mujeres más vulnerables.
Así, la prioridad de atender los derechos humanos no se limita a la Subsecretaría a mi cargo: los derechos humanos deben impregnar, de forma transversal, todas las acciones y políticas públicas de este gobierno, tal y como se propone en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que hoy discutimos.
Sin embargo, para proteger y garantizar adecuadamente los derechos humanos y revertir la crisis humanitaria en el país, es fundamental que las políticas públicas se rijan bajo el principio de no discriminación, de perspectiva de género y de inclusión, promoviendo también la equidad de género, adaptándose a las necesidades e identidades concretas de cada persona.
La perspectiva de género debe permear todas las acciones del gobierno, reconociendo los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres y entenderlas como un problema social y estructural. Asimismo, se debe impulsar por medio de políticas públicas en comunicación y colaboración con comunidades y la sociedad civil, una transformación de los estándares, roles y conductas patriarcales para promover, modelar y adoptar normas sociales positivas que impulsen la equidad de género.
Para lograr que la no discriminación, la equidad de género y la inclusión sean ejes transversales de las políticas de todo el gobierno, es necesario, que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo retome estas perspectivas para que funjan como directrices en la construcción de la paz en el país.
Por ello, desde los distintos ámbitos del gobierno federal, se promoverá que las políticas públicas partan de diagnósticos serios, nutriéndose de experiencias comparadas y de la colaboración de organismos internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil.
Es necesaria la coordinación entre las distintas secretarías del gobierno federal y los distintos órdenes de gobierno, para asegurarse que los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género y la inclusión sean un eje transversal a lo largo del sexenio.
La Secretaría de Gobernación, en el marco de sus facultades, colaborará con las distintas secretarías y dependencias para alcanzar el objetivo primigenio planteado: alcanzar la paz y la reconciliación entre todas y todos los mexicanos.
Señor presidente:
Usted ha sintetizado de manera clara esta nueva visión del gobierno nacional, cuando ha señalado que la Secretaría de Gobernación, se convertirá en los hechos en la Secretaría de los Derechos Humanos.
Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de ser un órgano para el control y para la persecución política y deberá erigirse en una institución garante de derechos y libertades. Donde la razón de Estado y el principio de autoridad serán remplazados por la salvaguarda del interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todos mexicanos
