Ciudad de México, 2 de octubre de 2020
Boletín Conjunto No. 369/2020
Firman convenio Gobernación, AGN, INEHRM y el Gobierno CDMX para rescatar la Política de Verdad y Memoria del Pasado Reciente
- El 2 de octubre es fecha que reafirma el compromiso con las libertades políticas y la garantía en el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, sostiene Alejandro Encinas
- La única manera de reconciliar heridas recientes y del pasado es abrir la verdad, pedir perdón como Estado e iniciar una historia distinta, afirma Claudia Sheinbaum
En su compromiso por la construcción de país de libertades y derechos, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, el Archivo General de la Nación (AGN), el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), y el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), firmaron un convenio de colaboración, en el marco de la conmemoración de los hechos del 2 de octubre, a favor de la Política de Verdad y Memoria del Pasado Reciente.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, puntualizó que hoy se da el primer paso para esclarecer los hechos de los periodos oscuros de nuestro país para avanzar en el ejercicio de la justicia por los abusos que el Estado mexicano cometió contra la integridad y libertades de miles de mexicanas y mexicanos en los años 60, 70 y 80.
“Hay que insistir en que el 2 de octubre no se olvida y que esta fecha no es de nostalgia ni de amargura, sino de reivindicación de los ideales y de los esfuerzos por la transformación que muchas generaciones de luchadores sociales emprendieron en nuestro país”, apuntó.
Asimismo, afirmó que esta fecha de remembranza es también para reafirmar el compromiso del Gobierno de México para continuar con las labores en el ejercicio pleno de las libertades políticas y la garantía de los derechos humanos.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que “vamos avanzando, hay muchos que recorrer, pero estoy convencido que, con las víctimas, sus familiares, este encuentro con la Ciudad de México y con el esfuerzo institucional de todo el Gobierno Federal, estaremos dando respuesta para retomar la memoria, conocer la verdad, que se haga justicia, y que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que con estas acciones se busca abrir la memoria histórica de la ciudad y del país, con el objetivo de conocer la verdad de los hechos acontecidos en la segunda mitad de los siglos XX y del XXI.
Agradeció al subsecretario Alejandro Encinas, la labor realizada para abrir las “heridas recientes y de décadas pasadas”, y señaló que la única manera de reconciliación es abrir la verdad, pedir perdón como Estado e iniciar una historia distinta.
“En este simbolismo de lo que está haciendo el día de hoy, 2 de octubre, el Gobierno de México, es cuando nos reconocemos y nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran movimiento que hoy representa la Cuarta Transformación, que no podría ser sin esta posibilidad de abrir la historia, la más negra historia, para curar heridas, para sanar, conocer la verdad y abrir camino al futuro”, destacó.
La jefa de gobierno capitalina recordó movimientos sociales que a lo largo de la historia lucharon contra un Estado autoritario que buscaba reprimir, desaparecer, asesinar y masacrar, pero que gracias a esa lucha consiguieron acabar con él.
“Tenemos a un hombre que viene de ahí, Alejandro Encinas, que vivió desde su propia perspectiva estas luchas, lo que nos permite que desde la Secretaría de Gobernación y, obviamente de un presidente que tiene este compromiso, abrir la Memoria Histórica. Y se dice en dos palabras, pero lo que estamos viendo hoy al entregar a familiares de desaparecidas y desaparecidos, de luchadores sociales, de periodistas, los archivos de este Estado autoritario, tiene un simbolismo enorme”, añadió.
Durante la firma de este convenio, el director general del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, recordó que los primeros pasos para la construcción de una política de memoria y verdad, en torno al periodo conocido como Guerra Sucia, fueron dados en enero de 2019, cuando esta institución apoyado por la Secretaría de Gobernación solicitó y logró el retiro de agentes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que desde 2002 custodiaban y administraban los expedientes.
Posteriormente se desahogó un profundo debate jurídico para resolver la colisión de dos derechos involucrados en la apertura de dicha documentación: el acceso a la información pública y la protección de datos personales sensibles, tras lo cual, en febrero de 2020, el AGN habilitó la consulta irrestricta de dicho fondo documental.
Destacó que el siguiente paso para garantizar el acceso universal a estos documentos, está por darse a partir de la firma de este convenio, gracias al cual la Secretaría de Gobernación apoyará al AGN para lograr la descripción y digitalización de los expedientes, lo cual permitirá una consulta ágil y efectiva, ya que al momento este universo estimado de 8 millones no se encuentra plenamente descrito, y se minan sus posibilidades de consulta al no tener certeza sobre la información que ahí se contiene.
Finalmente, el director general Ruiz Abreu aplaudió que, con esta colaboración, se impulsará que las dependencias y entidades públicas federales atiendan al Acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019, por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
En su intervención, la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura federal, Natalia Toledo Paz, explicó que, con la firma de este convenio, el Archivo General de la Nación (AGN), y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), y el Gobierno de la CDMX, se responde al compromiso adquirido por el actual Gobierno de México de trabajar con los familiares y las víctimas para conocer la verdad y hacer justicia.
“Que se abran todos los archivos pendientes, que las víctimas, los familiares y nosotros como sociedad sepamos qué pasó. Sólo la verdad nos hará libres”, señaló.
Toledo Paz apuntó que recuperar la memoria es un ejercicio necesario para tener presentes los acontecimientos que han hecho a México tal como es, y para que cada generación sienta y sepa que pertenece a una historia como un eslabón del pasado y el futuro.
“Por esta razón desde el INEHRM, la Secretaría de Cultura promueve el rescate de la memoria histórica para desterrar las prácticas violatorias de los derechos humanos y que estos trágicos episodios nunca vuelvan a ocurrir. Es necesario investigar lo que pasó, analizarlo y también resarcir el daño a las víctimas”, agregó.
En su intervención, el director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, anunció dos medidas que contribuyen al rescate de la memoria y el acceso a la verdad:
La restitución de información que se entregará a familiares de víctimas y sobrevivientes, y de los expedientes de las dependencias del Estado vinculadas a la represión política. Además de la creación de un archivo de la palabra, que contenga el testimonio de las familias, en respuesta a estas acciones represoras y de persecución, lo que permitirá ver la otra cara de la moneda.
En la firma de los convenios estuvieron presentes víctimas y familiares de presos políticos y desaparecidos durante la década de los años 60 y 70; el director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa; la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de Gobierno de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera; el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro; el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Cruz Trejo; y el periodista de investigación José Reveles Morado.
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