Ciudad de México, 4 de octubre de 2019
Boletín No. 254/2019

Juez otorga auto de libertad a otras tres personas involucradas en el caso Ayotzinapa: Alejandro Encinas

Al participar en la inauguración del foro internacional “Fiscalías de Derechos Humanos. Buenas prácticas de América Latina para investigar y perseguir violaciones de derechos humanos en México”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, denunció que a la fecha quedan 64 personas en proceso de las 142 detenidas relacionadas en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
“En menos de un mes este juez Ventura Ramos ha liberado a 29 personas, con lo cual de las 142 que hay detenidas en el caso Ayotzinapa, solamente quedan 64 bajo proceso y con estos criterios pueden obtener su libertad”, expresó el
subsecretario.

Este tipo de resoluciones, destacó, por un lado agravian el derecho de las víctimas al colocar por encima el derecho de un victimario; y en segundo lugar, no se castiga a quién incurrió en omisiones al integrar una averiguación.
“Por lo que hoy tenemos es un escenario de plena impunidad; quedan impunes quienes comenten los delitos y quedan libres quienes comenten las prácticas de tortura”, agregó.

Encinas Rodríguez sostuvo que el papel que desempeña el Poder Judicial hasta hoy representa uno de los ejes sobre los que se sustenta la impunidad en nuestro país.

“En estos 10 meses que hemos tenido la oportunidad de estar al frente de esta Subsecretaría, hemos conocido lo mismo la liberación del jefe de plaza de los Zetas en Tamaulipas y en San Luis Potosí, porque un juez haya desestimado el hecho de que haya dibujado en un papelito la ubicación de los campos de
exterminio donde acabaron con sus víctimas, sin constituir prueba y por lo tanto se le otorgaba libertad; o jueces que en el caso de los muchachos desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, en donde habiéndose acreditado la participación directa de la policía municipal con la delincuencia organizada les sea retirado ese
delito para que pronto puedan obtener su libertad”.

Por último, dijo que el Estado tiene que asumir la responsabilidad primigenia y fundamental de garantizar la prevalencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las libertades políticas, por lo que aseveró, se tiene que resolver este problema con el Poder Judicial.

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