En 2018 el país enfrentaba una profunda crisis de derechos humanos que fue negada sistemáticamente por los gobiernos anteriores, lo que agudizó las violaciones a las libertades y derechos de todas y todos los mexicanos e incentivó la corrupción, la impunidad y la colusión entre autoridades y crimen organizado. Esto fracturó el tejido social y alentó la estigmatización de las víctimas, a miles de personas desaparecidas, censuró la
libertad de expresión y de defensa de los derechos humanos, dejando un país herido y agraviado.
Con la llegada del nuevo gobierno, el Estado mexicano reconoció la existencia y la magnitud de la tragedia, asumiendo plenamente su responsabilidad de enfrentarla, ante las omisiones de las que abdicó el régimen anterior, dejando en manos de las familias y de la sociedad la búsqueda de sus seres queridos, y la defensa de los derechos que el Estado debe garantizar.
Se han construido instituciones y emprendido acciones puntuales para dar respuesta a esta crisis y a las demandas de las víctimas y sus familias, atendiendo las graves violaciones a sus derechos, derivadas de la violencia, el crimen, la corrupción y la colusión de autoridades con los grupos delictivos y la intolerancia que pervive en muchas regiones del país. En esto se traduce el fortalecer las capacidades institucionales e instaurar a los derechos humanos
como una política de Estado
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