La larga marcha del orgullo
Alejandro Encinas Rodríguez
Tras las acciones desarrolladas durante el mes del orgullo LGBTTTIQ+, es buen momento para reflexionar sobre los avances y retos que se enfrentan en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género en nuestro país.
Dentro de los avances alcanzados destacan la reforma al artículo primero constitucional que prohíbe todo tipo de discriminación basada en la “preferencia sexual”; así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, que establece que limitar el matrimonio a las uniones heterosexuales es discriminatorio, ya que el fin de dicha institución no es la procreación y por tanto las leyes estatales que limitan la unión matrimonial son inconstitucionales. Desde entonces, 13 estados han reformado sus leyes y códigos civiles (dos de ellos, Baja California y Sinaloa, en el 2021), sumando un total de 16 estados que reconocen el derecho al matrimonio igualitario.
Por otro lado, las acciones afirmativas han rendido frutos en el ámbito electoral a pesar de la resistencia de algunos partidos y de campañas estigmatizantes, olvidando que la no discriminación y la inclusión son derechos humanos fundamentales. En el marco del proceso recientemente celebrado, en el que fueron elegidos más de 20 mil 435 cargos de elección popular, la representación de la comunidad LGBTTTIQ+ registró el 1.95 por ciento del total de las candidaturas. Por primera vez, se registraron 44 candidaturas de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ para la Cámara de Diputados, dentro de las cuales se logró la histórica elección de dos mujeres transgénero, lo que permite que la representación de la causa de los derechos de la diversidad sexual y de género tomen importantes espacios de representación política, como la presidencia municipal en Nezahualcoyotl, que permitirán que la agenda de derechos se fortalezca.
Hay que reconocer que estos avances obedecen al papel central que la sociedad civil ha desempeñado en la lucha contra la discriminación en México. La comunidad ha logrado posicionar el tema en la agenda pública, impulsar la visibilización de las diversidades y transformar la realidad social y jurídica, a pesar de la oposición conservadora.
Falta aún camino por recorrer. Actualmente las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias y otras identidades, siguen enfrentando obstáculos en el ejercicio de sus derechos. Ello obedece a problemas estructurales que fomentan la discriminación debido a estereotipos asociados a la orientación e identidad y expresión sexual y de género, lo que naturaliza el trato discriminatorio tanto en el ámbito privado como público.
Por ejemplo: la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, señala que un tercio de la población no rentaría una habitación en su vivienda a una persona de la diversidad. De la misma manera, la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, arroja que una de cada cuatro personas entrevistadas, declaró que en los doce meses anteriores le habían negado cuando menos un derecho: en el empleo, la justicia, la educación, la salud o en su derecho a estar en el espacio público
La semana pasada, el INEGI y el CONAPRED dieron a conocer los resultados de la prueba piloto para el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, que se realizará el segundo semestre de 2021. Este es un paso importante, ya que la ausencia de estadísticas precisas que visibilicen las realidades de la diversidad, sus condiciones de vida y la discriminación que enfrentan, será la base del diseño e implementación de la política pública contra la discriminación y permitirá profundizar la labor para consolidar un México más igualitario, donde se reconozcan y amplíen los derechos de las personas LGBTTTIQ+.
Falta además, fortalecer tanto la agenda jurídica como la transformación cultural en nuestra sociedad, donde prevalecen actitudes homofóbicas y transfóbicas que se traducen, incluso, en crímenes de odio, para que ninguna condición o circunstancia dé pauta a un acto de discriminación, a una vulneración a la vida e integridad personal. (Subsecretario de Derechos, Humanos, Población y Migración)
