Fuerzas armadas y derechos humanos
Alejandro Encinas Rodríguez
La semana pasada inició el Programa de Capacitación al Personal Castrense, resultado del convenio que suscribieron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para capacitar a nuestras fuerzas armadas en materia de derechos humanos conforme a los estándares internacionales, brindando las herramientas que buscan fortalecer una cultura fundada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación como elementos esenciales del servicio de defensa a la Nación.
La profesionalización de las fuerzas armadas, nos acerca a la prevención y erradicación de prácticas ilícitas: la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada, prácticas que hoy están tipificadas como delitos y como violaciones graves a los derechos de las personas.
La política de seguridad durante la llamada “Guerra contra el narco”, al igual que sucedió en años anteriores, cuando se obligó a las fuerzas armadas a asumir tareas que competen a la autoridad civil, tuvo como consecuencia una crisis de derechos humanos que da profundamenteñó a la sociedad mexicana, vulnerando a los elementos castrenses, al usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin un marco jurídico adecuado.
Se alentó, además, la falacia de que los derechos humanos “son para proteger a los delincuentes”. Por el contrario, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos ha sido resultado de un largo proceso histórico en la reivindicación de las libertades y derechos de las personas en la lucha contra las relaciones de opresión.
Desde Ciro el Grande, cuando conquista Babilonia en el año 539 A.C., libera a todas las personas esclavas y proclama la libertad religiosa, hasta la Revolución Francesa de 1789, que declara que todas las personas somos iguales, bajo los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
En México, estas ideas desafiaron a la Corona española que aseguraba que las personas indígenas no tenían alma; e inspiraron a José María Morelos y Pavón a escribir en 1813 “Los Sentimientos de la Nación”, -la primera Carta de derechos humanos en México-, en la que planteó una Nación donde: “se proscribe la esclavitud y la distinción de castas para siempre y todos queden iguales”.
Tras de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 compila los principios de libertad, no discriminación y el derecho a una vida digna, así como la obligación que tienen los países de proteger y respetar estos derechos fundamentales con los que nacen todas las personas, y en 1969, tras los movimientos contraculturales de los que emergen la lucha por la paz en Vietnam, el feminismo y la lucha contra los gobiernos autoritarios, se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que avanza en la protección de grupos históricamente marginados en las Américas, y más adelante en la confrontación contra las dictaduras al sur de nuestra frontera.
En México hay dos grandes hitos: la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, y la reforma constitucional de 2011, fruto de exigencias ciudadanas, colocando a los derechos en el núcleo de la Constitución, estableciendo el término de “derechos humanos” (antes “garantías individuales) y el concepto amplio e incluyente de “personas” (en vez de “individuos”). Los derechos humanos se asumen a partir de la obligación de toda autoridad de promover, garantizar, respetar y protegerlos.
Contrario a lo que las ideas conservadoras esgrimen, los sistemas de protección de derechos humanos no debilitan al Estado, sino que dignifican y fortalecen sus instituciones. Son un avance democrático que se traduce en una mejor relación entre la sociedad y el gobierno.
La construcción de paz en nuestro país exige una política de seguridad que coloque en el centro de sus actuaciones el respeto a la vida, la dignidad humana y la integridad de las personas, haciendo del respeto a los derechos humanos una política de Estado. (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)
