El negocio frustrado

Se ha cancelado un negocio que, además de oneroso, tendría severos impactos negativos en materia social, ambiental, urbana y patrimonial, pues constituía:

Un error de planeación del desarrollo, ya que una inversión de cerca de 280 mil millones de pesos (70 por ciento más de la originalmente estimada) se destinaría en 85% a evitar que las instalaciones aeroportuarias se hundieran o inundaran, ya que las características del suelo no son aptas para este tipo de infraestructura.

Un error de planeación del desarrollo urbano que tendría impactos negativos tanto sociales como territoriales, alentando una mayor concentración poblacional en una megalópolis que ha sobrepasado la capacidad de carga de sus ecosistemas, ya que un proyecto de esta naturaleza conduciría a concentrar en esta región a más de la tercera parte de la población nacional en la próxima década, produciendo además un proceso de gentrificación, es decir, una transformación urbana en que la población de bajos recursos sería segregada por un sector social con mayor poder adquisitivo.

Un error de planeación económica y de dispendio del erario público, pues además del cierre del Aeropuerto Benito Juárez, se profundizaría la subutilización de los aeropuertos de Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Toluca, así como los aeródromos de Pachuca y Atizapán de Zaragoza y la base militar de Santa Lucía, que, al ser incompatible con las rutas de vuelo del nuevo aeropuerto, obligaría a que una de las tres pistas de la primera etapa se destinara a la fuerza aérea.

Implicaba también tirar por la borda 50 años de inversiones en el Plan Lago de Texcoco; 2 mil 400 millones de pesos que se destinaron a la adquisición de mil 300 hectáreas y a la elaboración del proyecto del aeropuerto en Tizayuca, así como la inversión de 8 mil 596 millones de pesos en la Terminal 2, y la millonaria construcción del nuevo hangar presidencial.

Un error en materia ambiental, pues la obra que impactó ya 5 mil hectáreas del lago y vastos recursos de la región acabaría con el último reducto de la zona lacustre, dañando severamente a la flora y fauna endémicas, así como los flujos de aves migratorias, violando los convenios internacionales para su protección. A lo que se suma el cambio de uso de suelo de reservas ecológicas para su desincorporación en favor de particulares, como sucedió con la entrega de 200 hectáreas a Antorcha Popular en Chimalhuacán.

La urbanización del lago incrementaría los riesgos de inundación en Ciudad de México y en los municipios de la zona oriente, al cancelarse vasos de regulación y áreas de vertimiento de aguas pluviales ante emergencias, como sucedió en 2011, cuando la precipitación provocada por Arlenesuperó la capacidad de desalojo de aguas del drenaje metropolitano.

Habría que agregar los riesgos sísmicos y volcánicos a que está sujeta la región, en especial por la emanación de cenizas del Popocatépetl, así como el hundimiento de la infraestructura, al ubicarse en una zona que, de acuerdo con estudios del Colegio de Posgraduados, el Lago de Texcoco no tiene suelo, sino un sedimento lacustre que se puede definir como hidrogel hipersalino, similar a una gelatina, cuyo espesor es de 70 metros.

Esta urbanización consolidaría la isla de calor que en los últimos años incrementó en 2 grados centígrados la temperatura promedio de la región y con ello, la caída en los niveles de humedad ambiental, y el incremento de la contaminación atmosférica por partículas menores a 2.5 micrómetros.

Un error en la protección del patrimonio histórico, pues la obra ha ocasionado la pérdida del valioso patrimonio arqueológico y paleontológico que se encuentra en el lugar, donde se han encontrado los restos humanos con mayor antigüedad en Mesoamérica, así como 280 puntos con vestigios de los asentamientos humanos originarios.

Es signo del abuso de poder, ya que el gobierno no consultó a la población y a las comunidades afectadas a las que se violó su derecho y engañó con la compra o expropiación de sus propiedades a un precio que fluctuó entre los 6 y los 60 pesos por metro cuadrado, encubriendo el juego de intereses detrás del proyecto. Es el caso de las conocidas canonjías a OHL y Grupo Higa, así como la opacidad en la asignación de contratos, ya que 51% de éstos se concentró en cinco empresarios: Slim, Hank, Vázquez Raña, Quintana y Gerard, sin dejar de lado al pulpo mexiquense, desde la incorporación de Alfredo del Mazo a la empresa supervisora de la obra (Parsons International), hasta la voracidad de los transportistas y concesionarios de los bancos de tezontle, que devastaron la región, y que habrá que regenerar.

La consulta disipó la cortina de humo y puso al descubierto un negocio fraguado desde las altas esferas del poder público que pudo traer consigo mayores daños a los ya ocasionados. Esta cortina se transformó en una densa niebla que impidió su despegue.
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*Próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación