La verdad por dolorosa que sea
Alejandro Encinas Rodriguez
El pasado 18 de agosto di a conocer el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cuyo propósito es conocer la verdad de lo sucedido, el desfile de los estudiantes y coadyuvar con las autoridades judiciales para procesar a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.
El informe presenta los resultados de la reconstrucción y análisis de los acontecimientos registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala en dos momentos: Los antecedentes, contexto y análisis de los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y sus repercusiones posteriores, y la intervención de autoridades de distintas órdenes del gobierno en el encubrimiento de los hechos.
El informe ha suscitado la reacción del antiguo régimen y de los defensores de la “verdad histórica”, quienes han señalado que se trata de una posición política, cuando el informe es resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico, que contó con el apoyo y asesoría del Comité Científico Asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas que la ciencia y la técnica deben estar al servicio de la verdad. Aunque también, cabe reconocerlo, esclarecer un crimen de Estado es, además de una responsabilidad del gobierno, un asunto de convicción y voluntad política.
Han señalado que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la “verdad histórica”. Nada más ajeno a la verdad. La “verdad histórica” se sustenta en: que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio; que tras enfrentamientos de los estudiantes con policías municipales, la policía de Iguala entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el rio San Juan y, particularmente, en declaraciones de los detenidos obtenidas mediante tortura, fabricación de pruebas y manipulación de escenas del crimen.
Nosotros no torturamos. El informe presenta el análisis y reconstrucción de los hechos registrados en dos momentos: los antecedentes que conforman el contexto de la desaparición, personas y autoridades que participaron y las repercusiones posteriores y el segundo la intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento y manipulación de los hechos, de lo que se desprende que existió una evidente colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos que toleraron, permitieron y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como en el intento de ocultar la verdad sobre lo ocurrido y que tuvo su expresión en la llamada verdad histórica.
Las autoridades conocieron en todo momento las actividades de los estudiantes de cara a las movilizaciones del 2 de octubre en la Ciudad de México. Desde su salida de la Normal a Chilpancingo, su llegada a Iguala, su salida de la Central de Autobuses y los hechos de violencia que precipitaron su desaparición.
La desaparición de los normalistas pudo y debió evitarse, de no ser por las acciones y omisiones de la autoridad que permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de otras seis personas esa noche.
Hemos sostenido que se configura un crimen de Estado, pues existen al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición para personas: privación de la libertad, homicidio; participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado; ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales negativas, impunidad de los perpetradores y encubridores
Asumimos el compromiso con las madres y padres de los estudiantes, de decirles siempre la verdad por dolorosa que ésta fuera. La finalidad de la Comisión para la Verdad es el esclarecimiento de los hechos y seguimos trabajando en ello. (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración)
